El desafío ya no consiste únicamente en proteger el oro, sino en recuperar el territorio
Durante este período, Crucitas ha enfrentado una realidad especialmente compleja: la persistencia de actividades mineras ilegales, la degradación de áreas boscosas, la intervención de suelos y cauces, los riesgos de contaminación y las dificultades de mantener un control territorial permanente.
La situación exige comprender que el problema no es exclusivamente ambiental ni exclusivamente policial.
Se trata de un desafío que involucra seguridad pública, salud, protección de los recursos naturales, oportunidades económicas, cooperación institucional y desarrollo comunitario.
1. El desafío ambiental: recuperar lo que ha sido afectado
La extracción ilegal puede producir alteraciones profundas en el territorio: excavaciones descontroladas, pérdida de cobertura vegetal, acumulación de sedimentos y exposición a sustancias tóxicas utilizadas para recuperar oro.
La presencia de mercurio y las preocupaciones relacionadas con otros agentes contaminantes exigen investigaciones científicas, análisis de agua y suelo, identificación de focos de riesgo y planes especializados de remediación.
La recuperación ambiental debe partir de un diagnóstico verificable que permita determinar dónde intervenir, qué tecnologías emplear y cómo medir los resultados.
Crucitas necesita una recuperación que no se limite a sembrar árboles. Debe contemplar la rehabilitación de suelos, la restauración de ecosistemas, la protección de fuentes hídricas y el seguimiento científico durante años.
2. El desafío de seguridad: recuperar el control territorial
La extracción ilegal ha generado un problema de seguridad que supera los límites de una propiedad privada.
El transporte clandestino de materiales, el movimiento de personas, el ingreso de equipos y la posible participación de redes criminales requieren una respuesta coordinada de las autoridades competentes.
Los registros judiciales muestran la magnitud del problema. Entre 2020 y 2025, la Fuerza Pública desarrolló numerosas operaciones, decomisó equipos asociados con la minería ilegal y realizó cientos de aprehensiones.
En 2025 se registraron 599 aprehensiones en la zona entre enero y el 1.º de diciembre, de acuerdo con información examinada por la Sala Constitucional.
La solución necesita una estrategia de seguridad sostenida, apoyada en inteligencia institucional, vigilancia tecnológica, coordinación policial y mecanismos de protección ambiental.
Para Crucitas 2035, la seguridad no será una actividad secundaria. Constituirá una condición fundamental para desarrollar cualquier intervención técnica, científica o productiva.
3. El desafío social: transformar la vulnerabilidad en oportunidades
Una estrategia sostenible no puede limitarse a impedir la extracción ilegal.
También debe generar alternativas legítimas de empleo, capacitación, emprendimiento y participación económica para las comunidades de la Zona Norte.
La recuperación de Crucitas ofrece la posibilidad de formar técnicos ambientales, especialistas forestales, operadores de tecnología, guías turísticos, emprendedores y proveedores locales.
Las mujeres y los jóvenes pueden ocupar un lugar central en esta transformación mediante programas de formación, financiamiento productivo y desarrollo empresarial.
La meta es que las comunidades no sean espectadoras de la recuperación, sino protagonistas y beneficiarias.
4. El desafío institucional: construir una solución duradera
En junio de 2021, el CIADI resolvió que Costa Rica no debía indemnizar a Infinito Gold en el arbitraje correspondiente. En septiembre de ese mismo año, la Sala Constitucional ordenó medidas estatales de contención y saneamiento relacionadas con Crucitas.
En marzo de 2026, una nueva resolución constitucional volvió a exigir acciones coordinadas frente a la minería ilegal y los problemas de contaminación.
Asimismo, distintas propuestas legislativas han planteado alternativas para la recuperación del territorio. Entre ellas, el expediente 25.426, presentado en marzo de 2026, propone un marco para la restauración ambiental, la protección territorial y el desarrollo sostenible de Crucitas. Se trata de una iniciativa legislativa, no de una autorización vigente para ejecutar actividades mineras.
Estos antecedentes demuestran que la recuperación de Crucitas necesita una articulación institucional capaz de trascender los ciclos políticos.
Lo que este período nos enseñó
El costo de no intervenir no se mide únicamente en recursos económicos. También se manifiesta en degradación ambiental, riesgos para las comunidades, presión sobre las instituciones y pérdida de oportunidades de desarrollo.
La lección para Crucitas 2035: la recuperación requiere una intervención integral, sostenida, técnicamente respaldada y socialmente responsable. Ninguna solución aislada será suficiente.
